Nuevo giro en caso contra Posada Carriles
por Wilfredo Cancio Isla
13 de agosto de 2009
Tomado de El Nuevo Herald
 En un nuevo capítulo de la controversia legal en el caso del militante anticastrista Luis Posada Carriles, el gobierno estadounidense tendrá que presentar en las próximas horas sus argumentos para evitar el acceso público a las evidencias fundamentales de la acusación.
La jueza federal Kathleen Cardone puso de plazo hasta este viernes para que los fiscales del Departamento de Justicia entreguen al tribunal de El Paso, Texas, los materiales considerados ‘‘sensibles'' en el encausamiento de Posada, así como una explicación precisa sobre las razones que tiene el gobierno para impedir su divulgación durante el proceso judicial.
"El gobierno deberá proporcionar una explicación, en los más detallados y específicos términos posibles, sobre su interés en proteger cada documento o grupo de documentos del material del caso, a la vez que indicar las razones que sustentan su propuesta de incluirlos bajo una orden de protección'', indicó Cardone en una orden suscrita el 16 de julio.
Cardone revisará las evidencias en privado y programará una audiencia posterior para ventilar el tema con las partes contendientes.
El miércoles Dean Boyd, portavoz del Departamento de Justicia, declinó hacer comentarios alegando que se trata de un caso en litigio. El principal abogado de la defensa, Arturo Hernández, no respondió las llamadas de El Nuevo Herald.
Posada, de 81 años, enfrenta nueve cargos de fraude migratorio, perjurio y obstrucción de la justicia. El juicio debe iniciarse el 1ro. de marzo del 2010.
La intervención de Cardone se produce en un momento crucial del caso, luego de que la Fiscalía solicitara en junio una orden de restricción para proteger argumentos que contienen información relevante en asuntos de seguridad nacional e implican investigaciones penales aún en curso, así como informes facilitados a Estados Unidos por gobiernos extranjeros.
Pero la defensa se opone por considerar que el gobierno no ha podido demostrar que revelar el contenido de ciertas pruebas sería perjudicial para terceras partes. Al mismo tiempo, dos importantes medios periodísticos, la compañía Miami Herald Media (dueña de The Miami Herald y El Nuevo Herald) y la agencia Associated Press, han entrado en el litigio por la divulgación de documentos mediante una moción presentada en julio.
"Lo más importante es que la jueza no dejó al gobierno decidir por su cuenta lo que es confidencial o no, sino que ella quiso conocer las razones de primera mano'', dijo el abogado Adolfo E. Jiménez, que representa a Miami Herald Media. "La prensa debe tener la posibilidad de acceder a los documentos judiciales en un caso de tanto interés público''.
Entre los documentos de la acusación que el gobierno pretende restringir están las grabaciones de una entrevista realizada a Posada por la periodista Ann Louise Bardach en relación con los atentados explosivos contra instalaciones turísticas cubanas en 1997.
La pasada semana Bardach presentó sendas peticiones ante el tribunal para evitar su presencia en el juicio y mantener bajo sello la documentación de la polémica entrevista con Posada.
"Como periodista profesional, ella no quiere verse involucrada como testigo en un litigio entre el gobierno de Estados Unidos y una de sus fuentes'', declaró a El Nuevo Herald el abogado Thomas R. Julin, que representa a Bardach. "Su trabajo es reportar noticias, no ser testigo a favor o en contra de alguien''.
Julin afirmó que su cliente ha tratado de apartarse de la disputa que rodea a Posada desde su retorno a Estados Unidos en marzo del 2005.
"Ella no cree que su intervención como testigo en el caso sea necesaria ni serviría para un propósito legítimo'', agregó el abogado.
Estados Unidos intenta la divulgación de documentos del caso Posada Carriles
13 de agosto de 2009
Tomado de EFE
El Gobierno de EE UU tendrá que explicar ante un tribunal de El Paso (Texas) las razones por las que quiere evitar la divulgación de ciertos documentos judiciales relacionadas con el caso del terrorista cubano Luis Posada Carriles, informó un medio local.
Este jueves concluye el plazo para que la Fiscalía argumente ante la jueza encargada del caso, Kathleen Cardone, las razones por las que Estados Unidos quiere impedir que se difunda una serie de documentos relativos a Posada Carriles en el juicio previsto para el 1 de febrero de 2010, indicó el diario El Nuevo Herald.
De acuerdo con la orden de la magistrada, el Ejecutivo estadounidense deberá proporcionar una “explicación” detallada sobre su interés en “proteger documentos del caso” e “indicar las razones” para que se emita una “orden de protección” de las pruebas que considera “sensitivas”, recogió el rotativo.
La Fiscalía había solicitado en junio pasado una orden de protección de ciertos documentos relevantes que afectan a asuntos de seguridad nacional e “implican investigaciones penales aún en curso e informes facilitados a EE UU por gobiernos extranjeros”, agregó.
Sin embargo, el equipo defensor del agente de la CIA sostiene que el Gobierno no ha demostrado que hacer pública la información podría ser dañino para terceras partes.
Posada Carriles, de 81 años, está acusado de nueve cargos menores por fraude migratorio, perjurio y obstrucción a la justicia, mientras no ha respondido a la solicitud de extradición de Venezuela por su participación en el atentado contra un avión cubano en 1976 que ocasionó la muerte de 73 personas.
La jueza aplazó el juicio del terrorista para el 1 de febrero de 2010 a fin de que sus abogados puedan preparar su defensa y reunir las pruebas necesarias en el caso.
La orden se dio a conocer en junio pasado después de que la defensa del terrorista solicitara más tiempo debido a la complejidad del caso.
El cubano enfrenta los cargos de perjurio por presuntamente mentir al Gobierno estadounidense en la solicitud de la ciudadanía al decir que ingresó al país vía terrestre por Matamoros (México), mientras que los fiscales aseguran que llegó por mar, a través de Isla Mujeres, a Miami, auxiliado por otros extremistas cubanos. |
