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Posada Carriles’ torture victims demand his extradition to Venezuela by Miguel Lozano CARACAS, June 19 (PL).—Two years after the presentation of an extradition application, the wounds provoked by terrorist Luis Posada Carriles are still open in Venezuela, while the authorities and social sectors are demanding that the criminal should be handed over. Posada, a Venezuelan citizen of Cuban origin, escaped from a national jail in 1985 in order to evade trial for his responsibility in the attack on a Cuban passenger plane in 1976 that cost the lives of 73 people of various nationalities. On June 15, 2005 the Venezuelan authorities asked the United States for the terrorist’s extradition, protected under a bilateral agreement, but far from being detained for that purpose, Posada was arrested on charges contravening immigration law and subsequently released. But for people like Jesús Marrero, tortured on the orders of Posada – “Captain Basilio” during his time with the Venezuelan political police (DISIP) – the release of the criminal is a bitter pill that demonstrates the existence of impunity. Interviewed by Prensa Latina, Marrero believes that the release of the torturer “shows clearly that the U.S. government is maintaining its double standards in condemning terrorism and promoting it in certain situations.” “There is an enormous level of impunity: we, those who have been directly affected, were not called to appear during the trial in which he was released. “We were ready to go to El Paso, Texas (where the trial took place) to make a statement and they did not take us into account." Marrero explained that they even published his opinion in a U.S. newspaper “but it was all silenced, they wanted to cover up the case and forget about it. That’s what they planned to do,” he stated. |
Torturados por Posada Carriles insisten en extradición a Venezuela por Miguel Lozano CARACAS, 19 junio (PL). —A más de dos años de una solicitud de extradición, las heridas provocadas por el terrorista Luis Posada Carriles siguen abiertas hoy en Venezuela, mientras autoridades y sectores sociales insisten en la entrega del criminal. Posada, ciudadano venezolano de origen cubano, escapó de una cárcel local en 1985 para evadir un juicio por su responsabilidad en el atentado a un avión civil cubano en 1976 que costó la vida a 73 personas de varias nacionalidades. Desde el 15 de junio de 2005 las autoridades venezolanas pidieron a Estados Unidos la extradición del terrorista, amparados en un convenio bilateral pero, lejos de ser detenido con ese fin, Posada fue arrestado y liberado de cargos por delito migratorio. Para personas como Jesús Marrero, quien fue torturado por órdenes de Posada, —el "comisario Basilio" durante su época en la policía política venezolana (DISIP)— la liberación del criminal es un trago amargo que demuestra la existencia de impunidad. Entrevistado por Prensa Latina, Marrero considera que la liberación del torturador "evidencia claramente que el gobierno norteamericano mantiene su doble discurso de condenar el terrorismo y promoverlo en los hechos". Hay un grado enorme de impunidad: a nosotros, los afectados directos, —dice— no se nos llamó en el proceso en que fue liberado. Estábamos anotados para ir a El Paso, Texas (donde se realizó el proceso) para hacer una declaración y no se nos tomó en cuenta. Marrero explica que incluso publicaron su posición en un periódico norteamericano, "pero todo se silenció, quisieron echarle tierra al caso para soltarlo. Eso es lo que tenían pensado, opina. Según su criterio, las razones dadas para ponerlo en libertad, sobre la base acusaciones de tipo migratorio, son absurdas frente al peso de los cargos de asesinato. La liberación, en su opinión, revela el alto grado de secretos que debe poseer Posada, cuya vinculación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha sido confirmada en documentos desclasificados estadounidenses. Marrero, quien integra un comité nacional para la extradición del terrorista, asegura que continuarán trabajando y divulgado internacionalmente el caso hasta su entrega a la justicia venezolana. El comité, del cual participan varias personas torturadas bajo las órdenes de Posada, recogió ya unas 35 mil firmas en reclamo de la extradición del criminal cuyo paso por Venezuela dejó muchas heridas todavía abiertas y un reclamo insatisfecho de justicia.
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