Apr. 30, 2007

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE WESTERN DISTRICT OF TEXAS

CASE NO: EP-07-CR-87-KC

THE UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff,

v.

LUIS POSADA CARRILES, Defendant.

DEFENDANT LUIS POSADA CARRILES’ RESPONSE TO GOVERNMENT’S IN LIMINE REQUEST TO LIMIT OR EXCLUDE CIA EVIDENCE

The defendant objects to the government's motion. The government's pleading concedes that the defendant was a paid CIA covert operative. The government is incorrect, however, in stating that the defendant's service to the United States ended in 1976.

It is a matter of historical record, and as illustrated by government declassified records that the defendant participated on behalf of the United States government in operations designed to support and arm the "Contra" rebels during the Nicaraguan/Sandinista conflict. This conflict, as well as other Central American conflicts against communist guerrilla insurgencies, occurred in the 1980's. Mr. Posada participated in numerous operations and used the name Ramon Medina. Declassified government records show that the government agents and operatives were aware of Mr. Posada's use of this "nom de guerre". Defendant Posada Carriles stands by his statement that he has assisted the Central Intelligence Agency for over 25 years.

The government is incorrect in stating that the CIA and U.S. military history of the defendant is not relevant to this case and their request to limit this evidence should be denied. The defendant will establish either by stipulation with the government or by other declassified evidence his historical and long term association with the Central Intelligence Agency. In addition, he will introduce evidence either by stipulation with the government or by other declassified means, his volunteer service in the United States Army, achieving the rank of 2nd Lieutenant, and during a time of hostilities.

Both the defendant's military service and his CIA service constitute critical evidence for the defense at trial. The evidence is relevant to establish the defendant's eligibility to apply for citizenship as a military veteran during a time of hostilities (which is an essential element of the section 1425 charge), and his lack of abandonment of his lawful permanent status within the country. Moreover, the evidence of his background is relevant to show the nature and motivation of the government's investigators which bears on the government's burden to prove materiality, specific intent, and whether or not there was a predesigned intent by the government to use the civil interview process as subterfuge to obtain evidence for an indictment. Finally, the evidence establishes the bias and motives of Mr. Posada's accusers. As a further consideration, although the government may prefer to try this case in a vacuum, the defense is entitled to identify the defendant before the jury. For these reasons the Government's Motion in Limine to Exclude or Limit CIA Evidence should be denied.

Rhonda A. Anderson, Arturo V. Hernandez, and Felipe D.J. Millan, attorneys for Defendant

Texto de la moción presentada por los abogados del criminal, en la que desmienten a la Fiscal'a, la cual aseguró que la relación del terrorista con la CIA terminó en febrero de 1976, antes de la voladura del avión civil cubano en las costas de Barbados

5 de mayo de 2007
Reimprimado de Granma Diario

EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO OCCIDENTAL DE TEXAS

CAUSA NO: EP-07-CR-87-KC

THE UNITED STATES OF AMERICA, Demandante,

v.

LUIS POSADA CARRILES, Acusado.

RESPUESTA DEL ACUSADO LUIS POSADA CARRILES AL PEDIMENTO DEL GOBIERNO PARA LA EXCLUSIÓN DE PRUEBAS CON EL OBJETO DE LIMITAR O EXCLUIR LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA CIA

El acusado objeta el pedimento del gobierno. En el alegato del gobierno se reconoce que el acusado fue un operativo encubierto pagado por la CIA. Sin embargo, el gobierno no está en lo cierto al decir que los servicios prestados por el acusado a los Estados Unidos cesaron en 1976.

Es una cuestión de registro histórico y, como lo revelan los documentos desclasificados por el gobierno, el acusado participó en nombre del gobierno de los Estados Unidos en operaciones destinadas a apoyar y suministrar armas a los rebeldes de la "Contra" durante el conflicto de los sandinistas en Nicaragua. Este conflicto, as' como otros conflictos de Centroamérica contra las insurgencias guerrilleras comunistas, se produjeron en el decenio de 1980. El Sr. Posada participó en numerosas operaciones y utilizó el nombre de Ramón Medina. Los documentos desclasificados del gobierno muestran que los agentes y operativos del gobierno conoc'an que el Sr. Posada utilizaba este "nombre de guerra". El acusado Posada Carriles mantiene su declaración de que ayudó a la Agencia Central de Inteligencia durante más de 25 años.

El gobierno no está en lo cierto cuando afirma que el historial del acusado en la CIA y en el Ejército de los Estados Unidos no es relevante en esta causa, por lo que debe denegarse su solicitud de que se limiten estas pruebas. El acusado demostrará, ya sea mediante estipulación con el gobierno o por conducto de otras pruebas desclasificadas, su histórica asociación de larga data con la Agencia Central de Inteligencia. Además, presentará pruebas, ya sea mediante estipulación con el gobierno o por conducto de otros medios desclasificados, de su servicio voluntario en el Ejército de los Estados Unidos, en el que alcanzó el rango de Subteniente, y durante una época de hostilidades.

Tanto el servicio prestado por el acusado en el Ejército como su servicio con la CIA constituyen pruebas decisivas para la defensa en el juicio. Las pruebas son relevantes para demostrar que el acusado cumple los requisitos para solicitar la ciudadan'a como veterano del Ejército durante una época de hostilidades (que constituye un elemento esencial del cargo conforme a la sección 1425), y el hecho de no haber abandonado su condición de residente permanente legal dentro del pa's. Por otra parte, las pruebas de sus antecedentes son relevantes para demostrar la naturaleza y la motivación de los investigadores del gobierno sobre los que recae la carga del gobierno de probar la pertinencia, la intención espec'fica, y si hubo o no una intención premeditada por parte del gobierno de utilizar el proceso de entrevista civil como subterfugio para obtener pruebas para un documento inculpatorio. Por último, las pruebas demuestran la parcialidad y los motivos de los acusadores del Sr. Posada. Como una consideración ulterior, si bien el gobierno tal vez prefiera que esta causa se juzgue en un vac'o, la defensa tiene derecho a identificar al acusado ante los miembros del jurado. Por esos motivos deberá denegarse el Pedimento del gobierno para la exclusión de pruebas con el objeto de excluir o limitar las pruebas relacionadas con la CIA.

Presentado respetuosamente.

Rhonda A. Anderson, Arturo V. Hernández y Felipe D.J. Millan, abogados del acusado.