Luis Posada Carriles tendrá que ir a juicio en caso de ciudadanía
por Wilfredo Cancio Isla
15 de agosto de 2008
Reimprimado de El Nuevo Herald
El militante anticastrista Luis Posada Carriles tendrá que someterse a un proceso judicial por las acusaciones de haber mentido a las autoridades estadounidenses durante el procesamiento de su ciudadanía, anunció este jueves un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans.
Un panel de tres jueces del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones revirtió un fallo anterior que exoneró a Posada de ser juzgado bajo siete cargos de fraude migratorio y falso testimonio, y ordenó proceder con el juicio inicialmente fijado ante un tribunal federal de El Paso, Texas.
La decisión del panel judicial de Nueva Orleans da marcha atrás al histórico veredicto de 64 páginas de la jueza federal Kathleen Cardone, quien el 8 de mayo del 2007 canceló el encausamiento de Posada por considerar "escandalosas'' y "ofensivas'' las tácticas del gobierno. La acusación se basó en las declaraciones presuntamente fraudulentas que el procesado hizo a las autoridades de Inmigración durante la entrevista de naturalización.
En un documento de 35 páginas divulgado en la tarde del jueves, los jueces Carolyn Dineen King, Patrick Higginbotham y Leslie H. Southwick consideraron que Cardone erró al determinar que los errores de traducción en el proceso de ciudadanía invalidaban la acusación del gobierno y anulaban la totalidad de los cargos.
El Departamento de Justicia había apelado la decisión en noviembre del 2007 y el Tribunal del Quinto Circuito celebró una audiencia especial para ventilar el caso el pasado 4 de junio. Con anterioridad el Tribunal de Nueva Orleans había fallado a favor de Posada, cuando el Departamento de Justicia trató de impedir su libertad bajo fianza en abril del 2007.
Los abogados de Posada reaccionaron el jueves con decepción y dijeron que analizarán las opciones legales para proceder en lo adelante.
"Posada ya conoce de la decisión y se encuentra muy disgustado'', declaró Arturo Hernández, abogado principal de la defensa. "Estamos analizando el documento para decidir si llevamos el caso ante el pleno de jueces del tribunal de Nueva Orleans o acudimos a la Corte Suprema de la nación''.
La alternativa de someter a reconsideración el fallo del panel de tres jueces implica una solicitud a los 12 integrantes del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones para que se evalúen y se pronuncien sobre todos los pormenores del caso. Si el plenario de jueces ratifica el veredicto del panel, la única opción es el Tribunal Supremo, que no tiene necesariamente que aceptar el caso.
Hernández dijo que no cree que las autoridades procedan a arrestar a su cliente, que permanece en libertad bajo fianza en Miami desde el 19 de abril del 2007.
El Departamento de Justicia declinó referirse a las posibles acciones legales en el caso y se limitó a saludar el veredicto de Nueva Orleans en un escueto comunicado.
"Estamos satisfechos con la decisión y procederemos en lo adelante del modo más apropiado'', señaló Dean Boyd, portavoz del Departamento de Justicia en Washington.
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno cubano no se había pronunciado sobre la orden de reanudar el procesamiento judicial contra Posada, a quien La Habana acusa de "terrorista intrenacional'' protegido por la comunidad exiliada de Miami.
Posada, de 80 años, se encuentra en Miami con una orden final de deportación. Sobre él pesa además una solicitud de extradición del gobierno de Venezuela, que busca juzgarlo como máximo responsable de la voladura de un avión cubano con 73 pasajeros en 1976.
Un jurado de instrucción en Nueva Jersey también lo investiga por su presunta participación en atentados dinamiteros contra instalaciones turísticas cubanas en 1997. Para complicar su situación, el pasado julio la Corte Suprema de Panamá dejó sin efecto el indulto que le había otorgado la presidenta Mireya Noscoso en septiembre del 2004. Posada y otros tres activistas anticastristas fueron condenados por un tribunal panameño a ocho años de cárcel en el 2003, bajo cargos de posesión ilegal de explosivos, falsificación de documentos y delitos contra la seguridad colectiva.
El gobierno de Panamá dijo esta semana que iniciará los trámites de extradición de Posada tan pronto la fiscalía emita la solicitud y sea presentada ante la cancillería istmeña.
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