by Jean-Guy Allard
Sept. 25, 2007
Reprinted from Granma International

Weeks after the Miami Herald claimed that a Newark, New Jersey grand jury had completed its investigation into the sponsors of Luis Posada Carriles and that prosecutors were handling the case in the terrorist’s favor, the Star-Ledger, New Jersey’s largest newspaper, revealed that the grand jury is in fact continuing to investigate businessmen in the Cuban exile community.

While the terrorist is freely walking the streets of Miami, interacting with his network of murderers, Bush’s legal apparatus continues with its strategy of buying time for the old CIA agent.

In fact, the two central characters in the operation to finance many of Posada’s terrorist actions carried out from El Salvador — businessmen Abel Hernández, a resident of Cliffside Park and owner of the Mi Bandera Supermarket in Union City, and Arnaldo Monzón Plasencia, owner of the Arnold Stores chain in the same city — are now resting in peace.

According to the Star-Ledger, the grand jury has just summoned Lourdes López, assistant to Hernández, and Albín Martínez, former owner of a local Western Union agency.

Martínez revealed that the two deceased men and their accomplices had sent more than $30,000 to Posada to finance his anti-Cuba terrorist activities during the year 1997.

The grand jury has also looked at the participation of Oscar Rojas, who worked as an accountant for more than 20 years for Monzón Plasencia. However, that individual was excused from testifying when he appeared before the court on February 15, 2006, according to his legal representative, Gilberto García.

Apart from Hernández and Monzón, the two main figures of the conspiracy that is being investigated, the name of an assistant to Congressman Albio Sires also appears: terrorist Angel Alfonso Alemán, also implicated in the case of La Esperanza, the yacht accidentally intercepted by the Coast Guard in Puerto Rico as it was heading for the Venezuelan island of Margarita in an attempt by those aboard to assassinate President Fidel Castro.

No reference to the actual political role of Alemán and his involvement in that terrorist action has been published to date in the New Jersey or Miami media.

Alemán’s son, José is also suspected in the case. According to the New Jersey newspaper, the FBI has expressly forbidden witnesses from contacting the media in any way, an apparently useless precaution.

THE MIAMI MAFIA, OUT OF REACH

It is striking that during the time Posada was engaging in his campaign of terror against tourist locations in Havana, causing the death of Fabio Di Celmo, not one representative of the U.S. legal system bothered –even for a minute— the two businessmen and their Miami partners in the Cuban American National Foundation (CANF), even though the CIA and FBI could not have been ignorant of that conspiracy at the time.

It has been amply demonstrated that this terrorist plot masterminded by Posada involved the complicity of members of the CANF military group in Miami, providing decisive support in executing those actions. None of their members has been investigated, despite plenty of evidence.

TONY PULLS FRANCISCO CHAVEZ OUT OF OBLIVION

As the final chapter in this ridiculous comedy, President Antonio “Tony” Saca of El Salvador, on a visit to Miami, recently stated to the Miami Herald that Luis Posada Carriles “is not welcome in El Salvador.”

What the president neglected to say, however, is that he continues to shelter Francisco Antonio “El Panzón” Chávez Abarca, Posada’s main accomplice in his country, responsible for numerous actions against Cuba, currently detained for being the leader of a “car theft ring.”

Francisco Chávez, organizer of the series of attacks that killed Italian tourist Fabio Di Celmo, has been held for months at the La Esperanza penitentiary in San Salvador, the largest prison in that Central American nation.

por Jean-Guy Allard
25 de septiembre de 2007
Reimprimado de Granma Internacional

Semanas después que el Miami Herald haya asegurado que un Gran Jurado de Newark ya había terminado su investigación sobre patrocinadores de Luis Posada Carriles y que la Fiscalía ya manejaba el caso a favor del terrorista, el Star-Ledger, el diario más grande de Nueva Jersey, revela que el tribunal de instrucción sigue investigando a "comerciantes del exilio cubano". Mientras el terrorista se encuentra libre en Miami, mafiando con su red de asesinos, el aparato judicial de Bush continúa en su estrategia de ganar tiempo a favor del viejo agente CIA.

Tanto es así que los dos principales protagonistas de lo que fue la operación de financiamiento de Posada en múltiples acciones terroristas realizadas a partir de El Salvador, los negociantes Abel Hernández, residente de Cliffside Park y propietario del supermercado "Mi Bandera" de Union City, y Arnaldo Monzón Plasencia dueño de las tiendas "Arnold Stores", en esta misma localidad, ya descansan en paz.

Según el Star-Ledger, el Gran Jurado acaba de citar a Lourdes López, la ayudante de Hernández, y a Albín Martínez, el ex dueño de una agencia Western Union local.

Martínez reveló que los dos difuntos y sus cómplices han enviado más de $30 mil dólares a Posada para financiar sus actividades de terrorismo contra Cuba en el curso de 1997.

El Gran Jurado también ha analizado la participación de Oscar Rojas, quien fue contador durante 20 años de Monzón Plasencia. Sin embargo, el individuo fue excusado de rendir testimonio cuando compareció ante el tribunal el 15 de febrero 2006, afirma su representante legal Gilberto García.

Aparte de Hernández y Monzón, las dos principales figuras del complot objeto de la investigación, aparece el nombre de un ayudante del congresista Albio Sires, el terrorista Ángel Alfonso Alemán, también implicado en el caso de La Esperanza, este yate interceptado accidentalmente por la guardia costera en Puerto Rico mientras se dirigía a la isla venezolana de Margarita en un intento de asesinato del Presidente Fidel Castro.

Ninguna referencia al actual papel político de Alemán y a su implicación en esa acción terrorista ha sido publicada hasta ahora en la prensa de New Jersey y de Miami.

El hijo de Alemán, José, también es objeto de sospechas en el caso.

Según el diario de New Jersey, el FBI ha prohibido expresamente a los testigos contactar de ninguna forma a los medios de comunicación. Una precaución aparentemente inútil.

LA MAFIA MIAMENSE, FUERA DE ALCANCE

Llama la atención que durante el período donde Posada desarrollaba su campaña de terror contra objetivos turísticos de La Habana, provocando la muerte de Fabio Di Celmo, ningún representante del aparato judicial norteamericano molestó, aunque fuera un solo minuto, a los dos negociantes y a sus socios miamenses de la Fundación Nacional Cubano Americana. Aunque la CIA y el FBI no podían entonces ignorar aquella conspiración.

Está ampliamente demostrada la complicidad, en este complot terrorista manejado por Posada, de los miembros del Grupo Paramilitar de la FNCA, en Miami, cuyo apoyo fue decisivo en la ejecución de sus acciones. Ninguno de sus miembros ha sido objeto de una investigación a pesar de las numerosas evidencias.

Otra manifestación de mala fe del aparato de justicia bushista: el propio Posada nunca ha sido interrogado sobre el tema cuando se encuentra en este momento en territorio norteamericano, a disposición de los tribunales.

La investigación del Gran Jurado empezó en agosto del 2006, a raíz del "descubrimiento" de la existencia de un fax enviado por Posada Carriles desde El Salvador, en el que mencionaba a la Western Union de New Jersey, para liquidar la cuenta de un hotel.

En 1997, el ingeniero guatemalteco Antonio Jorge Alvarez (Tony), quien manejaba las actividades de la firma WRB Enterprises en Guatemala, se enteró de que Posada preparaba un atentado contra el Presidente cubano para la Cumbre Iberoamericana que iba a tener lugar en isla Margarita, Venezuela. Posada también preparaba la campaña de bombas contra hoteles de la Isla.

El Gran Jurado de Newark no ha juzgado conveniente hasta ahora entrevistar a Álvarez, quien reside en Greenville, Carolina del Sur.

Hace ya meses, la periodista norteamericana Ann Louise Bardach reveló en The Washington Post cómo el expediente de Posada, guardado en las salas de pruebas del FBI de Miami, fue desaparecido años atrás por el agente especial Ed Pesquera, hijo del ex Jefe de esta sección regional de la policía federal, Héctor Pesquera.

La reportera reclamó explícitamente en aquel momento una investigación sobre el tema. Su solicitud fue ignorada.

Nunca, desde su arresto, la administración norteamericana tuvo el menor deseo de declarar terrorista a Luis Posada Carriles, un agente de la CIA que los Bush y los cabecillas de la mafia cubanoamericana consideran su héroe de la guerra sucia contra Cuba. Al contrario, ha desarrollado una compleja estrategia jurídica, típica de su sistema de justicia, con el fin de hundir para siempre el caso del delincuente internacional reclamado por Venezuela.

Paradójicamente, el caso Posada sigue manejado directamente desde Washington por los fiscales de la Sección Antiterrorista del Departamento de Justicia encargados por el ex Procurador General Alberto Gonzales de desaparecer el dossier en un mar de procedimientos inútiles. Gonzales que también manejó a su manera el secuestro de los Cinco, acaba de renunciar por haber manipulado las decisiones de sus fiscales por fines políticos.

Ultimo capítulo de esta comedia bufa, el presidente de El Salvador, Antonio "Tony" Saca, de visita en Miami, acaba de declarar al Miami Herald que Luis Posada Carriles "no es bienvenido en El Salvador".

El mandatario omitió, sin embargo, mencionar que sigue dando cobertura a Francisco Antonio "El Panzón" Chávez Abarca, el principal cómplice de Posada en su país, responsable de numerosas acciones contra Cuba, hoy detenido por ser jefe de una red de "robacarros".

Chávez Abarca, organizador de la serie de atentados que le costó la vida al joven turista italiano Fabio Di Celmo, está encarcelado desde meses en el Centro Penitenciario La Esperanza de San Salvador, cárcel principal de la nación centroamericana.