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Posada Grand Jury has cost millions by Jean-Guy Allard THE New Jersey grand jury that has been in session for three years, whose mandate is to examine evidence of international terrorist Luis Posada Carriles’ participation in the terror campaign unleashed in Havana in 1997, has now cost U.S. taxpayers "millions of dollars," without having reached any conclusion. That was confirmed by investigative journalist Ann Louise Bardach in an analysis of Cuban-U.S. relations published by The Washington Post. Bardach is a U.S. specialist who revealed in an article published on the website slate.com last October, how a lawyer of Posada’s accomplices confided to her that the investigation had been halted in order not to damage the ticket of McCain, the Diaz-Balart brothers and (Ileana) Ros-Lehtinen. From confidences received from Miami FBI investigators, the reporter informed the public that the head of this federal office destroyed Luis Posada’s dossier in 2003, when the justice system in Panama, where he was found guilty of terrorism, was demanding his extradition. According to Posada’s attorney, his dossier has been handled "at the very highest level" since his illegal entry into U.S. territory aboard the shrimping boat Santrina, property of terrorist and arms trafficker Santiago Alvarez Fernández Magriñá, in March of 2005. Posada entered the United States using a Guatemalan passport with his photo and the name of Manuel Enrique Castillo López, which he had supposedly obtained from the man the Miami mafia press designated his "benefactor." The criminal case against Posada was rejected on May 8, 2007 by Federal District Judge Kathleen Cardone, who freed him after deeming that an interpreter made an incorrect interpretation in English of the killer’s statements in Spanish, during an interview with an immigration official. It later emerged that Posada can speak English and that the use of the interpreter was a sharp move by his mafia lawyers. The slowness of the New Jersey grand jury and the procedures invoked by the Texas Federal District Attorney’s Office in the case have been interpreted by many observers as delaying maneuvers designed to provide a false justification for the government not to extradite the former CIA agent to Venezuela, which has been demanding it since 2005. In El Paso, Posada’s dossier was the responsibility of district attorney Michael Mullaney, closely advised by the federal district attorneys John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen and Paul Ahern, special envoys from the anti-terrorist section of the Department of Justice. Over the course of the last two years, the interminable grand jury investigation in Newark, New Jersey, had the participation of two former directors of the Cuban-American National Foundation (CANF), Abel Hernández, a resident of Cliffside Park, and Oscar Rojas, who was the accountant of Arnaldo Monzón, a deceased millionaire from Fort Lee. A further three Cuban Americans linked to the CANF have been summoned to appear in court in relation to the case, described by journalist Peter J. Sampson of the local newspaper The Record, as "a murky world of terrorists and alleged killers." The reporter specified: "Despite portraying Posada as an admitted mastermind of terror plots and attacks, the government hasn't formally declared him a terrorist or charged him with a crime. Such a move could prove embarrassing, observers say, because of Posada's long CIA association." In 1997, the attacks ordered by Posada on hotels, restaurants, and a night club in Havana caused the death of Italian tourist Fabio di Celmo, and injured 11 other people, as well as provoking significant material damage. It is unknown what instructions new U.S. Attorney General Eric Holder might give when he inherits what has been described as the "hot potato." Holder, a 57 year-old African-American lawyer, is known for his battles against legal corruption. The new attorney general will also have the delicate task of reviewing the dossier of the five Cuban anti-terrorists accused of "espionage" and sentenced to scandalous prison terms, merely for having infiltrated Cuban-American terrorist networks protected by the FBI in Miami. For 10 years, the Five, currently incarcerated in five different U.S. prisons, have been denied regular family visits (and in two cases any visits from their wives) and are exposed to serious risks in detention centers known for their high levels of violence. This maltreatment, preceded by 17 months of detention in punishment cells in subhuman conditions, has been formally condemned by a panel of UN jurists that has unsuccessfully called for their release. |
El Gran Jurado para el caso Posada ha costado ya millones al contribuyente por Jean-Guy Allard El Gran Jurado que sesiona en Nueva Jersey desde hace tres años, que debe examinar evidencias de la participación del terrorista internacional Luis Posada Carriles en la campaña de terror que desencadenó en La Habana en 1997, ya ha costado al contribuyente norteamericano "millones de dólares". Sin haber llegado a resultado alguno. Lo afirma la periodista e investigadora Ann Louise Bardach, en un análisis de las relaciones cubano-norteamericanas publicado por el diario The Washington Post, donde prevé que "el año nuevo no parece especialmente luminoso para el terrorista fugitivo", que intentó varias veces asesinar al líder cubano Fidel Castro y "ha disfrutado de un refugio seguro en Miami". Bardach es la especialista norteamericana que reveló en octubre último, en un artículo publicado por el sitio web slate.com, cómo un abogado de cómplices del terrorista le confesó que esa investigación se encontraba paralizada para no dañar al 'ticket' de McCain, a los Diaz-Balart y a (Ileana) Ros-Lehtinen". La reportera hizo público, a partir de confidencias de investigadores del FBI de Miami, el hecho de que el propio jefe de esa oficina de la policía federal destruyó el expediente de Luis Posada, en el 2003, mientras lo reclamaba la justicia de Panamá donde se encontraba inculpado por terrorismo. Según las propias admisiones de un abogado del delincuente, el dossier de Posada ha sido manejado "al más alto nivel" desde su entrada ilegal en territorio norteamericano a bordo del barco camaronero Santrina, propiedad del terrorista y traficante de armas Santiago Álvarez Fernández Magriñá, en marzo del 2005. Posada entró a EE.UU. usando un pasaporte guatemalteco con su foto y el nombre de Manuel Enrique Castillo López que le había supuestamente conseguido quien la prensa mafiosa de Miami denominó su "Benefactor". DE MANIOBRA DILATORIA EN MANIOBRA DILATORIA Por otro lado, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de la Nueva Orleans ordenó en agosto último que Posada fuera sometido de nuevo a juicio, bajo cargos de fraude migratorio. Tres días después de que el vicepresidente de Panamá aseguró que su país reclamaría la extradición del terrorista por ser inconstitucional su indulto del 2004 en este país. El caso penal contra Posada fue rechazado el 8 de mayo del 2007 por la jueza federal de distrito Kathleen Cardone, quien lo liberó después de valorar que un intérprete tradujo de manera equivocada al inglés las declaraciones expresadas en español por el asesino durante una entrevista ante una funcionaria de los servicios de inmigración. Se supo más tarde que Posada puede expresarse en ingles y que el uso de un intérprete fue una exigencia tramposa de sus abogados mafiosos. La lentitud del Gran Jurado de Nueva Jersey y los procedimientos provocados por la Fiscalía federal en el caso de Texas siempre han sido interpretados, por varios observadores, como maniobras dilatorias destinadas a proveer una falsa justificación al gobierno para no extraditar al ex agente de la CIA a Venezuela que lo reclama desde el 2005. En El Paso, el dossier Posada estuvo bajo la responsabilidad del fiscal tejano Michael Mullaney, asesorado de cerca por los fiscales federales John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, enviados especiales de la sección antiterrorista del Departamento de Justicia. ERIC HOLDER HEREDA LA "PAPA CALIENTE" En el curso de los dos últimos años, la interminable investigación del Gran Jurado, que se desarrolla en Newark, New Jersey, señaló la participación de dos ex directores de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Abel Hernández, residente de Cliffside Park, y Oscar Rojas, quien fue contador de Arnaldo Monzón, fallecido millonario de Fort Lee. Otros tres cubano-americanos vinculados a la FNCA han sido llamados a comparecer en este caso descrito por el periodista Peter J. Sampson, del diario local The Record, como "un mundo oscuro de terroristas y de presuntos asesinos". Precisaba el reportero: "A pesar de describirlo (a Posada) como el cerebro confeso de complots terroristas y de atentados, el gobierno no lo ha declarado formalmente terrorista o acusado de algún crimen…Tal gesto pudiera revelarse embarazoso, dicen los observadores, por la larga asociación de Posada con la CIA". En 1997, los atentados ordenados por Posada en hoteles, restaurantes y una discoteca de La Habana, provocaron la muerte del joven turista italiano Fabio di Celmo y heridas a 11 otras personas, además de importantes daños materiales. No se sabe qué nuevas orientaciones decidirá el nuevo Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, al heredar lo que fue calificado de "papa caliente". De Holder, abogado afroamericano de 57 años, se dice que es conocido por su lucha contra la corrupción como fiscal. El nuevo Secretario de Justicia tendrá también la delicada tarea de valorar el dossier de Los Cinco antiterroristas cubanos acusados de "espionaje" y luego condenados a escandalosas sentencias de prisión, por el solo hecho de haber infiltrado redes terroristas cubanoamericanas protegidas por el FBI de Miami. Desde hace diez años, Los Cinco, hoy encarcelados en cinco cárceles distintas del territorio norteamericano, son privados de visitas regulares de sus familiares (y en dos casos de visita alguna de sus esposas) y expuestos a los graves riesgos de la detención en medios conocidos por su alto nivel de violencia. Estos malos tratos, precedidos por 17 meses de detención en celdas de castigo bajo condiciones infrahumanas, han sido formalmente denunciados por un panel de juristas de la ONU que exigió, sin éxito, su liberación. |
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