¿Paradojas o mala intención contra los Cinco?
por Roberto Pérez Betancourt
1 de julio de 2008
Reimprimado de ACN
La marcada intención de dañar sin fundamentos legales, mostrada por el gobierno de Estados Unidos por medio de la Fiscalía, ligada a erráticas actuaciones de miembros del Poder Judicial de ese país, revela coincidencias políticas para manipular la Ley, aplicar sanciones extremas y prolongar la inmerecida cárcel de los Cinco cubanos luchadores antiterroristas.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron apresados por el Buró Federal de Investigaciones el 12 de septiembre de 1998 en Miami, donde monitoreaban a organizaciones terroristas para prevenir a la Isla sobre actos vandálicos, en ejercicio del derecho de necesidad de proteger a su país.
Los Cinco fueron sometidos a un amañado juicio, sin garantías procesales, en la propia Miami, en un clima de hostilidad extrema, a partir del 27 de noviembre de 2000. El ocho de junio de 2001, un jurado declaró culpables a los acusados de un conjunto de 26 cargos inverosímiles.
Tras un prolongado proceso apelativo --extendido por maniobras leguleyas de la Fiscalía en nombre del gobierno de George W. Bush--, el cuatro de junio último tres jueces de apelaciones de Atlanta ratificaron los veredictos de culpabilidad de los Cinco y retornaron al mismo tribunal de Miami los casos de Ramón, Fernando y Antonio. La decisión reafirmó las sentencias contra René y Gerardo.
Para imparciales expertos en jurisprudencia y periodistas de diversas regiones del mundo, quienes han seguido desde el inicio este proceso plagado de arbitrariedades reconocidas por prestigiosas entidades internacionales, las paradojas que se aprecian en relación con otros casos subrayan la mala intención política del gobierno estadounidense contra los Cinco.
Especialmente esa situación se pone de manifiesto en las desproporcionadas sentencias impuestas a los cubanos, sin pruebas que las amparen, mientras en esa época, por cargos semejantes, probados según los expedientes judiciales, les fueron aplicadas sanciones muy inferiores a otras personas.
Tales son los hechos en relación con espías que trabajaron durante años para administraciones estadounidenses, quienes luego de apresados y juzgados recibieron discretos dictámenes en relación con los enunciados contra los de la Isla, aunque estos nunca cometieron el delito de espionaje conforme a su descripción en derecho.
Recientemente José Padilla, un puertorriqueño acusado de secuestro y colaboración con Al Qaeda, fue sancionado a 17 años y cuatro meses tras ser juzgado en la corte del distrito sur de la Florida, la misma que impuso cadena perpetua al cubano Gerardo por conspirar para cometer asesinato sin haberle encontrado ni un papel en su poder para probar ese cargo.
En junio de 2007 un señor de apellido Aragoncillo, al parecer de origen filipino, quien había sido oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU., asignado a las oficinas del vicepresidente Richard Cheney, se apoderó de al menos 733 documentos secretos, según acta oficial, y tras juzgarlo lo condenaron a 10 años de privación de libertad.
Es la misma persona que antes estuvo vinculada al despacho del ex vicepresidente Albert Gore. Luego de salir de la Casa Blanca, Aragoncillo se vinculó al FBI en Nueva Jersey, donde fue descubierto mientras realizaba espionaje sustantivo.
Sin embargo, sin un solo papel como prueba, a los Cinco les plantearon el cargo de "conspiración para cometer espionaje" sobre la base de una indebida aplicación de la Ley para la Protección de Información Clasificada (CIPA), aunque altos funcionarios reconocieron en el juicio primario que en realidad nunca existió espionaje.
Y es así, no porque lo digan los abogados de la defensa, sino porque la propia Ley tipifica el delito de espionaje solo cuando en la actuación de los inculpados haya estado presente el propósito de obtener información sobre la defensa, la seguridad o los intereses del gobierno de los Estados Unidos.
Como se conoce ampliamente, ninguna de esas intenciones figuraba en el quehacer de los Cinco en EE.UU., quienes solo se ocupaban en observar e informar para prevenir sobre las actividades de los grupos terroristas que desde la Florida actúan contra Cuba, e implícitamente contra los propios Estados Unidos.
El quehacer de la Fiscalía estadounidense pasará a la historia como un hecho vergonzante del sistema judicial de ese país, tras haber convencido al jurado para que propiciara la condena de los Cinco cubanos a exorbitantes penas que en conjunto suman cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión, y después prolongar el proceso apelativo, consciente de que falta a la verdad y a la justicia. | 
