National Committee to Free the Cuban Five

Diez años de injusticia: El comienzo

El 12 de septiembre de 1998 fueron detenidas en la ciudad estadounidense de Miami diez personas por “trabajar para un gobierno extranjero”. El hecho fue publicitado por la prensa con el nombre de la Red Avispa

"Lo primero que me llamó la atención, y así lo denunciamos en Naciones Unidas, fue que resultaba asombroso que el país más espiador del mundo acusase de espionaje al país más espiado del mundo".

Todo empezó el 12 de septiembre de 1998, sobre las 5:30 a.m. En casa. Allí los detuvieron y los llevaron al Headquarter del FBI en Miami, "para una entrevista de ‘convencimiento’ a que colaboráramos y traicionáramos, con ciertas promesas a cambio". Ramón Labañino Salazar le narra lo sucedido de esa manera a su esposa Elizabeth 17 meses después del arresto, cuando pudo escribir la primera carta.*

Entonces le confirmó que como era obvio, nada tenía que decir y que después de varios intentos fallidos "sin más que lograr, nos llevaron en auto al FDC (Federal Detention Center) en Miami, en el corazón mismo del Downtown Miami, donde hemos estado todo este tiempo".

"Desde que entramos —dijo—, fuimos llevados directamente al piso 13, donde estuvimos 18 días. Es una celda solitaria, con cama litera de hierro toda, con colchón, meseta de concreto, inodoro de barro, una silla metálica, y solo una colcha para dormir. Los tres primeros días, desde el sábado 12 de septiembre del ’98, hasta el lunes 14, que fuimos por primera vez a lavarnos la boca, no aseo, ni baño, ni peine... , nada de nada. Así es que bajamos por primera vez al show federal".

Esa primera cita en el tribunal fue para declarar que no tenían dinero "y que por tanto se nos asignaría un abogado de la Corte. Allí, aquella vez, estuvimos presentes los diez".

Durante el operativo policial fueron detenidas diez personas. En ese momento el FBI las identificó como René González, Alejandro Alonso, Antonio Guerrero, Luis Medina, Rubén Campa, Manuel Viramontes, Nilo Hernández y su esposa Linda, y Joseph Santos y su esposa Amarilys Silverio. Fueron sometidos a brutales presiones. La verdadera identidad de tres de ellos no la habían podido determinar.

Un diluvio de propaganda mal intencionada y fraudulenta que creó el ambiente propicio para condenarlos posteriormente, rodeó los hechos. Fueron presentados como una red tenebrosa y llena de complejos aparatos tecnológicos. La prensa de Miami resultó ser la encargada de desatar esa campaña. El martes 15 de septiembre esta se hizo eco del suceso en términos acusatorios al decir que todos estarían implicados por "trabajar como agentes del Gobierno de Cuba y de tener como objetivo la obtención de informes sobre instalaciones militares y grupos exiliados del sur de la Florida".

Y se expresó más adelante con total cinismo, que este "podría ser un indicio de la decisión norteamericana de ser más severos con los agentes de La Habana que se pueden infiltrar con facilidad en los grupos de exiliados de Miami, con el fin de provocar incidentes". Un argumento insólito.

Cuba jamás ha ocasionado daños a Estados Unidos. Es desde territorio estadounidense que los grupos terroristas, que con total impunidad proliferan en el sur de Florida, han enlutado a miles de familias de la Isla por sus acciones criminales.

No resulta extraño tampoco que entre los titulares de los periódicos estuviese el siguiente: "Arrestos no fueron sorpresa para los exiliados". Es cierto, porque, en Washington, el congresista cubano americano Lincoln Díaz Balart enseguida declaró que no le causaba asombro la noticia ya que Héctor Pesquera, entonces director de la Oficina del FBI en Miami lo había llamado de inmediato, pero dijo más: aseguró estar debidamente informado, incluso antes de que los hechos fuesen publicados.

Lo que evidencia los nexos de la ultraderecha cubano americana y la participación del FBI en esa ciudad del sur de Florida en el proceso que seguiría después.

La causa se radica el 2 de octubre, al otro día, aparece en las páginas de los diarios que "un Jurado Federal de Instrucción de Miami encausó el viernes a diez personas arrestadas el mes pasado, acusadas de espionaje contra Estados Unidos y de haber servido de agentes ilegales del gobierno comunista de Cuba.

"(... ) los investigadores todavía no conocen las verdaderas indentidades de tres de los acusados descritos en un nombre muy propio de ellos (que utilizan para clasificar a los individuos sin identificación), John Doe no. 1, identificados inicialmente como Viramontes, John Doe no. 2, identificado inicialmente como Medina, y Rubén Campa como John Doe no. 3. Se ha ordenado que se mantengan los diez detenidos sin derecho a fianza y pendientes de juicio".

Luego se publica como pan caliente un informe completo —parcializado además—del agente del FBI Raúl Fernández, a quien señalan como jefe del operativo, en el cual concluye que "existe una causa probable de que estos (...) hayan violado el Título 18 USC, Sección 794, que es conspiración para reunir y entregar información de defensa para ayudar a un gobierno extranjero".

La EFE, refirió en un despacho que "tres de ellos, si son encontrados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua". ¡Tempranas especulaciones!

El 13 de noviembre, también la EFE, puso sobre el ruedo un despacho tendencioso en el que alegaban que "las autoridades estadounidenses están investigando la presunta relación de la red cubana de espías con el derribo de dos avionetas de la organización del exilio Hermanos al Rescate, ocurrida en 1996". Mientras ,The Miami Herald anunciaba que "el ataque de dos cazas cubanos contra las avionetas de la agrupación anticastrista provocó la muerte de cuatro hombres y ha sido el foco de la investigación en el caso de los espías".

Como era de esperar, fabricaron un vínculo entre los detenidos y la acción realizada por el Gobierno de Cuba en legítima defensa de su soberanía nacional. Con este ingrediente toma sabor político la causa, más por aquellos días en que se intentaba consumar un proceso a favor de Hermanos al Rescate en un tribunal de Florida que permitiría cobrar luego —en el año 2000— a los familiares de los pilotos derribados un multimillonario resarcimiento con el dinero que el Departamento del Tesoro tiene congelado en bancos norteamericanos desde el triunfo de la Revolución, en virtud del bloqueo.

El juez Superior de Distrito, Lawrence King, alineado con la mafia terrorista miamense, desempeñó un papel importante en esta trama al dictaminar que La Habana debía compensar a esas familias con 187,6 millones de dólares, "en concepto de indemnización compensatoria y daños punitivos".

En una entrevista que ofreciera el Comandante en Jefe Fidel Castro a la cadena televisiva CNN, el 20 de octubre de 1998, cuando se le preguntó acerca de este caso aseveró: "Sí, a veces hemos enviado ciudadanos cubanos que se han infiltrado en organizaciones contrarrevolucionarias, para informar de actividades destructivas contra nuestra patria, y creo que tenemos derecho a hacerlo mientras Estados Unidos tolere que desde allí se organicen sabotajes, incursiones armadas, ametrallamiento de instalaciones turísticas, introducción de armas, explosivos, y, sobre todo, brutales atentados terroristas".

El 20 de junio del 2001 se develó la historia. Entonces la opinión pública nacional e internacional conoció quiénes son Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo (Manuel Viramontes), Fernando González Llort (Rubén Campa), Ramón Labañino Salazar (Luis Medina) y René González Sehwerert, y el porqué de su anónima lucha.

Antes, el 17 de junio, después de imputárseles el veredicto de culpabilidad y en un mensaje al pueblo estadounidense, confirman que "en nuestros días de prisión hemos reflexionado sobre nuestra conducta en este país y reafirmamos la más profunda convicción de que con nuestra actitud y acciones no transgredimos ni pusimos en peligro la seguridad del pueblo norteamericano y sí contribuimos en alguna medida a descubrir planes y acciones terroristas contra nuestro pueblo, evitando la muerte de ciudadanos inocentes cubanos y norteamericanos".

Paradójicamente, entre el 16 y 17 de junio de 1998 autoridades de la Seguridad del Estado cubano, en un intercambio con el FBI, le entregan 230 páginas sobre las actividades terroristas contra Cuba, cinco videocasetes con conversaciones e informaciones transmitidas por las cadenas de televisión referidas a actividades criminales contra la Isla y ocho casetes de audio, ascendentes a dos horas y 40 minutos, sobre llamadas telefónicas de terroristas centroamericanos que estaban detenidos con sus mentores en el exterior. El FBI admite estar "impresionado" por la abundancia de pruebas y responde que contestará en dos semanas.

Sin embargo, el 12 de septiembre de 1998 lo que intentaron fue "matar" a los posibles mensajeros.

Diez años de injusticia: El "Chu"

Así se le dice al hueco en el lenguaje de los presos. En las celdas de castigo fueron confinados en tres ocasiones, la primera de ellas durante 17 meses

Es un espacio de cuatro metros de largo por dos de ancho. Tiene una puerta metálica. Las paredes y el piso destilan humedad. Le dicen "El Chu" en el argot de los presos. Es "El Hueco"o "Special House Unit" (Unidad de Alojamiento Especial, SHU, por su sigla en inglés). Pertenece a una edificación bastante moderna. En Estados Unidos la construcción de prisiones es un gran negocio.

A ese lugar, en el piso 12 del Centro de Detención Federal de Miami, fueron trasladados los Cinco el 29 de septiembre de 1998, tras haberles negado las fianzas el día 22 del propio mes.

"Esta es una unidad para presos que están castigados (o sea, más castigados de lo normal), o para casos muy peligrosos o de extrema seguridad. Para el caso es lo mismo, porque a uno lo tienen bajo el mismo régimen, no importa si estás castigado o si te tienen allí por razones de seguridad. Allí nos tuvieron 17 meses, que no es un récord, pero es muy buen average", dijo en la primera carta que pudo escribir a su familia Gerardo Hernández Nordelo en febrero del 2001.

Para el abogado Paul McKenna, uno de los integrantes del equipo de la Defensa, esas celdas son como una "...cáscara de nuez...", un "...cuarto semejante a un armario...".

La comida se entrega a través de ventanillas que tienen las puertas de hierro y que también se abren y se cierran con llaves. Por lo general es la misma alimentación que ofrecen en el resto del penal, "pero menos cantidad porque las bandejas en el hueco son más chiquitas", según Gerardo.

Al describirlas dijo que son unas celdas bastante pequeñas que tienen adentro un inodoro-lavamanos de metal, una ducha, un pedazo de meseta de concreto que sirve de mesa, otro pedazo de concreto que hace de silla y una litera de hierro. Allí era obligado pasar las 24 horas del día. "Solo nos sacaban una hora al día a ‘recreación’, días entre semana, si no llovía, si no tronaba y si no era feriado. La ‘recreación’ consiste en llevarte a otra celda más grande que tiene un pedazo de malla en una parte del techo por donde entra aire de la calle. Allí puedes ‘recrearte’ todo lo que quieras corriendo o caminando, porque no hay nada más que hacer".

En septiembre de 1998 la Fiscalía presenta 25 cargos contra ellos. Cuando llevaban ocho meses de encarcelados, o sea, en mayo de 1999, añaden un cargo que no estaba en la acusación inicial: el de conspiración para cometer asesinato imputado a Gerardo. Para esa fecha los Cinco permanecían en el "hueco", en franca violación del Reglamento del Buró de Prisiones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual establece de modo claro que semejante sanción se aplica solo para "casos disciplinarios" y por un "máximo de 60 días".

Cuando fueron enviados nuevamente al Hueco el 28 de junio del 2001, se denunció que en grosera represalia, resultaron despojados de todas sus pertenencias, incluidas cartas, fotos, poemas y hasta el más pequeño pedazo de lápiz.

En una de las Mesas Redondas transmitidas después de haber dado a conocer la historia de los Cinco en junio del 2001, el doctor Julio Fernández Bulté, profesor de la Universidad de La Habana, destacó que esa irracional actitud de las autoridades estadounidenses contravino la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de noviembre de 1975, así como otras disposiciones de la ONU. En el caso de los antiterroristas cubanos, esa práctica, impuesta de forma excesiva, transgredió numerosos de esos acuerdos y constituyó una forma deliberada de tortura. La clara intención era quebrantarlos.

Al ser llevados otra vez al hueco en el 2003, Gerardo especifica: "Allí tenían personas con graves problemas de conducta, cada uno solo, y en ropa interior. Algunos, estando en las celdas regulares del hueco, le habían dado candela a las colchonetas, otros habían agredido a los guardias, otros habían intentado suicidarse, y así sucesivamente. En el mes que estuve allí no pude verle la cara a ninguno de ellos, pero conocí a varios por sus gritos y lamentos y supe que a algunos los tenían amarrados a las camas y que tenían problemas mentales. En mi caso, me dejaban la luz encendida las 24 horas. Todas las celdas, menos la mía, tenían las puertas de hierro abiertas, por lo que algunos podían comunicarse con los de al lado gritando. Cuando me sacaban a bañarme, dos o tres veces por semana, cerraban automáticamente las puertas exteriores de las demás celdas para que no pudieran verme a través de las rejas, ni yo a ellos, y las volvían a abrir cuando ya yo estaba de regreso, con mis dos puertas cerradas.

"En esas condiciones pensaban mantenernos por lo menos un año, y fue gracias a las protestas y manifestaciones de solidaridad de muchos compañeros que solo estuvimos un mes. Durante ese tiempo no me permitieron tener nada de leer. Después de mucho pedirlo, me dieron unas hojas de papel y un repuesto de pluma para escribir a mi abogado. El sobre lo tuve que fabricar con ese mismo papel, y pegarlo con pasta dental."

Recuerda a Granma Graciela Ramírez Cruz, coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco que "cuando nos enteramos de que los habían metido de nuevo en el hueco —del 28 de febrero al 30 de marzo del 2003—, nos impresionó muchísimo". Fue una acción injustificada, "sin nada que amparara una sanción tan terrible".

Por ejemplo, Antonio Guerrero, se encontraba impartiendo clases de Matemática en la prisión aquel día de febrero. "Lo interrumpieron y lo sacaron de entre sus alumnos sin explicación", señala Graciela, quien también explica cómo a Gerardo lo dejaron "solo con su ropa interior en momentos en que todavía era temporada invernal".

Pero lo peor fue que "Gerardo estuvo solicitando asistencia médica durante casi los 30 días del hueco porque le caían las aguas albañales del piso de arriba sobre su rostro. Él tenía el temor de dormirse, pidió que taparan ese orificio y jamás fue atendido. Esa fue una de las situaciones, además de la extrema soledad, el aislamiento y la presión sobre ellos, que puso en alerta al movimiento de solidaridad en el mundo, porque además los mandaron al hueco en el preciso instante en que se preparaban para presentar sus documentos de apelación. La orden de impedir que pudieran trabajar con sus abogados fue enviada desde Washington".

Constan cada uno de los correos que entonces se enviaron al Departamento de Estado, a organismos de derechos humanos, al buró de prisiones. En 30 días los amigos solidarios llegaron a recaudar más de 6 000 firmas que denunciaban esa violación.

El abogado Leonard Weinglass, cuando tuvo ocasión de visitar a su defendido, Antonio, comentó que también se había sentido prisionero, porque de hecho le pusieron en una especie de cabina donde apenas podía tomar notas y el diálogo se producía a través de un auricular. Como expresara en su momento Weinglass, la imagen de Tony saliendo del hueco es "inolvidable".

Precisamente, en mayo del 2005, ante las violaciones cometidas y tan injusta prisión se pronuncia el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, al emitir una decisión técnica, que no cuestionó el sistema jurídico norteamericano. Se derivó del estudio de la documentación del proceso y concluyó que la detención arbitraria se produjo desde el primer momento del arresto en Miami.

En aquella ocasión, esa instancia de la ONU dijo que el gobierno de Estados Unidos debía adoptar las medidas necesarias para poner fin a esa situación irregular y lejos de atender esa solicitud, que acoge una reivindicación inclaudicable del pueblo cubano, también enarbolada por cientos de miles de personas honestas del planeta, Washington dio nuevos pasos para consolidar el absurdo régimen de detención impuesto contra los Cinco.

Para llegar a tales reflexiones los expertos tuvieron en cuenta una combinación de tres factores: el confinamiento solitario, la aplicación del acta de información clasificada (CIPA) y el ambiente inadecuado en el que se hizo el juicio.

En opinión de Roberto González, integrante del equipo de la defensa y hermano de René, esos criterios no los dieron sobre la base de que "los Cinco son hombres valientes, eso es cierto, pero hay otros presos valientes, ni porque tienen una buena familia, porque también hay otros presos que tienen buenas familias, el asunto de este tema es que los Cinco son inocentes, no porque sean valientes ni porque tengan familias, sino porque son personas que tienen derecho a la libertad, porque se les han violado todos sus derechos en un proceso penal".

Durante estos diez años tras las rejas, las veces que fueron llevados al hueco han sido para Gerardo, Fernando, Antonio, René y Ramón, uno de los periodos más duros.

No obstante, al hacer la evaluación de aquellos 17 meses en celdas de confinamiento solitario, Gerardo expuso en la mencionada carta a su familia en febrero del 2001: "Fue una etapa bastante dura, no solo por las condiciones sino porque coincidió que eran los primeros meses".

Y sin dejar a un lado el humor innato que suele caracterizarle, comentó: "De todos modos, como decía Gustavo Adolfo Bécquer, ‘eso no es pedo que moje calzoncillos’ y en un par de meses ya le habíamos cogido la vuelta al hueco", porque "el Hueco también fue una ‘escuela’. Aprendimos mucho de nosotros mismos y de los demás, del honor y de la dignidad humana...

Diez años de injusticia: El dilema de los 164

El miedo de ser jurado en Miami, donde la animosidad contra Cuba, las persecuciones y presiones de todo tipo impidieron lograr un tribunal imparcial contra los Cinco

"Este proceso será mucho más interesante que cualquier programa de televisión". Declara, docta y severa, la jueza Joan Lenard al diario The Miami Herald, el 16 de marzo del 2000. No estaba lejos de la verdad la magistrada. Las violaciones e inconstitucionalidades presentes desde el mismo momento de la detención de los Cinco antiterroristas cubanos así lo demostraron.

Pero fue la etapa de selección del jurado uno de los momentos más bochornosos de todo el tinglado legal armado contra Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González, Gerardo Hernández y René González.

Dice la VI Enmienda de la Constitución de Estados Unidos: "En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en el que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda"; sin embargo, la posibilidad de lograr un jurado imparcial en la ciudad de Miami para juzgarlos fue nula.

No causó asombro que desde el mismo momento de los arrestos aquella madrugada de septiembre de 1998, se desatara una feroz campaña de prensa en contra de los detenidos. René González, en una de las visitas que pudo hacerle su hija mayor, Irma, le explicaba que los "medios los habían sentenciado" a priori.

La misma Irma comentaba que era tanta la animosidad contra ellos que, por ejemplo, en la puerta de la casa donde residían en esa ciudad del sur de Florida les colocaron "pegado a la puerta una hoz y un martillo".

Además, noticias como: "Son traidores, deben darles el más severo castigo", aparecieron en El Nuevo Herald, el 15 de septiembre de 1998.

El 16 de agosto de 1999, el abogado de Ramón Labañino, William Norris, solicitó de la Corte la asignación de fondos para llevar a cabo una encuesta que permitiera argumentar el cambio de sede del proceso. Unos meses más tarde, entre el 5 y el 24 de enero del 2000, los defensores entregaron otras mociones sobre el mismo tema. Una de ellas la haría Norris a nombre de Ramón, contando ya con los resultados del sondeo, la declaración de expertos y una muestra de artículos de prensa. Todo apuntaba a que Miami nunca sería el lugar para un juicio limpio.

El 20 de marzo del 2000 se elevó nuevamente una moción a la Corte, esta vez fue una conjunta de los Cinco acusados. La respuesta de la jueza Lenard se recibió el 27 de julio al declarar sin lugar la petición, rechazando así el cambio de jurisdicción y negando la posibilidad de celebrar el proceso en otro distrito dentro de Florida.

"Quiere esto decir que para la jueza, aquella turba que quemaba banderas y neumáticos en las calles, que dañaba automóviles, que alteraba el orden público desafiando a la policía, que profería amenazas, que portaba armas ilegalmente, que incumplió la orden de devolución del niño Elián en franco desacato a la autoridad, en un desesperado intento por mantenerlo secuestrado; aquella turba que logró poner en jaque a la ciudad durante varios meses, no tenía nada que ver con el juicio, no influiría en los posibles jurados", apuntó el doctor Rodolfo Dávalos en su libro Estados Unidos: Cinco Héroes un juicio silenciado.

Unos meses después, hasta la propia prensa no tuvo más remedio que reconocer: "Había miedo de ser jurado".

Quedó demostrado en las audiencias para la selección del jurado que las 164 personas seleccionadas como candidatos, examinadas ante la Jueza, en el llamado Voir Dire ("decir la verdad" en el proceso de preguntas y repreguntas de las partes), ninguna de ellas admitió públicamente tener una impresión favorable hacia Cuba. Los tres aspirantes que ofrecieron opiniones con cierto aire de equilibrio fueron vetados por la Fiscalía. Solo quedaron quienes se manifestaron de forma homogénea en su sentimiento de hostilidad hacia la nación antillana.

Tal es así que algunos de los candidatos en sus respuestas acerca de la capacidad para apreciar las declaraciones de los testigos cubanos que propondría la defensa dijeron: "Para mí todos son mentirosos. Mienten por cualquier cosa ..."; "No le creería a testigos procedentes de Cuba ..."; "No le creería a ningún agente proveniente de Cuba ...", mientras los criterios de aquellos que quedaron son harto elocuentes: "Creo que Castro es un dictador comunista y yo me opongo al comunismo. Me gustaría que se fuera ..."; "Estoy fuertemente opuesta al comunismo. La política de Estados Unidos hacia Cuba es justa ...".

Pero, como ha planteado el doctor Dávalos, "una especie de postigo que nos diera acceso a la interioridad de aquellos hombres que se enfrentaban a la eventualidad de tener que actuar como jurados en un caso de supuestos ‘agentes’ cubanos, quedó abierto cuando algunos tuvieron, al menos, el valor de expresar sus temores en las ruedas de preguntas".

Entre las opiniones vertidas quedó claro que "me sentiría un poco intimidado, y quizás un poco temeroso por mi propia seguridad si no regreso con un veredicto que esté en concordancia con lo que la comunidad cubana siente como ellos deberían sentir el veredicto" ... "Si deseas saber la verdad, yo sufriría un ataque de nervios" ... "Creo que sí, tengo algún miedo por mi propia seguridad, si no regreso con un veredicto en concordancia con toda la comunidad cubana", confesaron unos.

Otros refirieron: "Estaría preocupado ante la reacción que podría tener lugar", al tiempo que se recalcaba "creo que muchas personas son de extrema derecha, hay tantos fascistas por aquí ...".

También a los 12 miembros, elegidos de esos 164 posibles, se les hicieron interrogantes claramente políticas como si estaban a favor o en contra del bloqueo económico contra Cuba, incluso las intimidaciones llegaron más lejos, pues se hicieron denuncias en que aseguraban de que eran objeto de filmaciones a la salida de la Corte.

El 2 de diciembre del 2000, El Nuevo Herald, en artículo titulado "Miedo a ser jurado en juicio de espías" afirmaba: "El miedo a una reacción violenta por parte del exilio cubano si un jurado decide absolver a cinco hombres acusados de espiar para el régimen de la Isla, ha llevado a muchos potenciales candidatos a pedir a la jueza que los excuse del deber cívico".

Y no podía ser de otra manera en Miami. Con la selección del jurado se consumó un acto inconstitucional. A fin de cuentas, como sentenciara el doctor Julio Fernández Bulté, "el juicio seguido contra los Cinco es una de esas causas extraordinarias en que está en juego, de modo particular, la credibilidad en la supuesta lucha antiterrorista que ha proclamado Estados Unidos y los fundamentos mismos de la legalidad norteamericana".

En el léxico jurídico la palabra causa tiene varias acepciones. Una de ellas es: proceso o expediente judicial, radicado por el órgano penal competente, para juzgar a determinadas personas presuntamente sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal prevista en la ley.

De acuerdo con esta acepción, la causa o proceso en el cual han sido juzgados los Cinco es un expediente judicial radicado como: Case No.98-721-CR-Lenard; United State District Court, Southern District of Florida, Miami Division; lo que equivale a decir que se trata del caso no. 721 del año 1998, turnado a la jueza Joan Lenard, de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, división Miami, de Estados Unidos.

Diez años de injusticia: La farsa

Duró casi siete meses, pero el jurado de Miami solo necesitó para deliberar breves espacios de tiempo. En apenas cuatro días declaró a los Cinco culpables de cada uno de los 26 cargos de la acusación

¿Dónde estuvieron los medios de prensa norteamericanos durante los casi siete meses que duró el juicio contra los Cinco? La pregunta aún continúa sin respuesta al cabo de ocho años.

No solo fue este uno de los juicios más largo en Estados Unidos en el momento que tuvo lugar, sino también fue un caso que involucró importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional, en el que comparecieron 74 testigos (43 por la fiscalía y 31 por la defensa), entre ellos generales, un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca, quienes coincidieron en que Cuba no constituía una amenaza militar para ese país, sino que únicamente estaba interesada en conocer lo necesario para defenderse de la amenaza de ataque por parte de EE.UU. o de mercenarios radicados en ese territorio.

El proceso legal contra Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González se inició en el otoño del 2000 y terminó en junio del 2001. Se necesitaron 119 volúmenes de transcripciones y 15 de narraciones de hechos previos, cajas de documentos de prueba¼ un registro enorme y exhaustivo. Lo que sin duda resultó un suceso para grandes titulares, se mantuvo en secreto y lo cubrió solo la prensa local de Miami.

Se conoce que los acusados fueron detenidos violentamente sin previa notificación, encarcelados durante largo tiempo antes del inicio del juicio y sometidos a castigos penitenciarios sin haber violado ninguna norma del sistema carcelario.

Además, hubo una clara manipulación de las pruebas, transgrediéndose el principio del "discovery", que obliga a que las evidencias que posea o pretenda presentar una u otra parte para valerse de ellas en la audiencia, deben ser comunicadas a la otra parte y puestas a su disposición para su conocimiento y examen.

Sin embargo, en el caso de los Cinco la defensa se vio constantemente limitada en su derecho de disponer libremente de la documentación considerada como evidencia, para su estudio y análisis, dado que fue clasificada bajo la Ley de Procedimiento de Información Clasificada (CIPA), hecho inexplicable ya que a los encausados no se les ocupó ni un solo texto de interés para ser tutelado por la CIPA.

Por otra parte, la manipulación de los testigos, debido a las presiones que ejerció sobre ellos la Fiscalía, fue atroz, dificultando unas veces e impidiendo otras, que se pusieran de manifiesto ante el jurado y la Corte, hechos e informaciones que pudieran constituir evidencias favorables a la defensa de los acusados.

‘"Cuando nuestro juicio estaba a punto de comenzar, uno de los abogados de la defensa nos advirtió sobre la posibilidad de que los agentes del FBI mintieran en el estrado de los testigos: ‘Ellos podrán pensar que es lo más patriótico’, nos dijo el abogado. Nosotros, a pesar de que conocemos el ambiente de Miami, nos negamos a creerlo hasta que la verdad nos abrió los ojos. Otro de los abogados lo resumió en una frase más simple: ‘Cuando un testigo de la Fiscalía jura en el estrado, está recibiendo una licencia para mentir"’, escribió en una carta René González Sehwerert a esta reportera.

Más adelante comentaba: "Durante nuestro juicio llegamos a pensar que los fiscales tendrían una oficina dedicada solo a preparar trampas y a manipular el sistema. Yo no pudiera imaginarme cuántos volúmenes habrán dedicado los abogados de este gobierno en estudiar al milímetro todo... ".

Lo que la Fiscalía poseía eran evidencias de que uno de los Cinco, Antonio Guerrero, había trabajado durante cinco años como empleado de mantenimiento en la base de entrenamiento de la Marina en Boca Chica, en el sur de la Florida.

Esa instalación estaba completamente abierta al público, e incluso tenía un área de observación especial apartada para permitir que las personas tomaran fotografías de los aviones en las pistas de aterrizaje.

Durante la estancia de Tony allí, nunca solicitó un certificado de confianza, ni tuvo acceso a áreas restringidas, y mucho menos intentó penetrar en ninguna de ellas. A pesar de intensas acciones de intimidación por parte de la Fiscalía, algunos de sus compañeros de trabajo testificaron que "era una persona normal, buen trabajador y sociable, que no mostró interés particular alguno por las áreas de seguridad". De hecho, mientras el FBI lo mantuvo bajo vigilancia durante dos años antes de las detenciones, ninguno de los agentes ofreció testimonio sobre algún acto indebido de su parte.

Además, si bien el gobierno había confiscado miles de páginas de documentos de los Cinco en el momento de su arresto, faltaba el elemento común de todos los casos de espionaje: el material clasificado, y a ellos no se les encontró ni una sola página relacionada con información de seguridad nacional.

Para comprender cómo se desarrolló el juicio de los Cinco, el propio René relataba en su misiva: "Los fiscales preparan minuciosamente a sus testigos para mentir con la misma impunidad con que lo hacen ellos mismos ... En nuestro propio caso, del mar de mentiras en que se hundió la justicia, sobresalió la de un testigo que fue llevado para identificar en una grabación la voz de uno de los pilotos de Hermanos al Rescate que, según todo el resto de la evidencia, era imposible que hubiera podido hablar a esa hora porque... ¡ya estaba muerto! La explicación desenfadada de la fiscal ante tal barbaridad: ‘Bueno, su señoría, el jurado es libre de creer la versión que desee’.

"Otro ejemplo que me viene a la mente en nuestro caso. Los fiscales me querían achacar la autoría de una carta que sencillamente no había escrito yo, y según las pruebas de laboratorio del propio FBI, la impresión de mi computadora no se correspondía con la de la carta.

"Pues bien, el fiscal se paró en sus argumentos finales y dijo que eso no importaba, que la carta la había hecho yo con mi computadora y que de todas nuestras computadoras ocupadas por ellos, la mía era la única que podía haberlo hecho.

"Lo peor es que durante el juicio nadie se había molestado en presentar evidencia en relación con nuestros tipos de computadoras. El asunto sencillamente no se había abordado en todo el juicio y todo lo que había era un peritaje del FBI desechando mi computadora como fuente de la carta.

"Pero eso no importó. El señor simplemente se paró ante el jurado y le envió un mensaje: ‘La evidencia del FBI dice una cosa pero yo, que soy el fiscal, les estoy diciendo ahora’. El tipo tenía la más absoluta seguridad de que su sola palabra anularía ni más ni menos que un peritaje del FBI."

El acta de acusación contenía 26 cargos independientes, cada uno de los cuales inculpaba a uno o más de los Cinco de delitos específicos. La mayor parte eran hechos menores vinculados con el uso de falsa identidad. No obstante, los más graves, que aludían a espionaje y asesinato, conllevarían sentencias de cadena perpetua.

Pero el acta no incriminaba a los Cinco cubanos de cometer dichos crímenes, sino de conspirar para cometerlos. Hecho que le dio margen a la Fiscalía para no tener que probar realmente que alguno de los implicados había realizado verdaderamente espionaje o cometido asesinato, o que incluso estos delitos habían ocurrido en realidad. Todo estaba pensado. Los Cinco se convertían en rehenes del odio irracional del imperio contra Cuba.

El martes 29 de mayo del 2001, a las 9:40 a.m., se inició la primera jornada de los alegatos finales de las partes en este juicio. El informe conclusivo de la Fiscalía fue un arma premeditadamente utilizada para suplir la falta de evidencias en favor de una acusación insostenible. El fiscal, en su último argumento ante el jurado, apeló a la falsa y prejuiciada retórica del gobierno contra los Cinco, afirmando, no menos de tres veces, que los acusados habían ido a Norteamérica "con el fin de destruir a Estados Unidos".

En un periodo de casi siete meses, el jurado de Miami solamente deliberó por breves espacios de tiempo durante cuatro días sin siquiera enviar una sola nota o expresar alguna duda ante el tribunal, y procedió a declarar a los cinco detenidos culpables de cada uno de los 26 cargos de la acusación. No hizo ni una sola pregunta acerca de los complejos principios legales involucrados y no hizo ni una sola solicitud de revisión de ninguno de los testimonios.

El doctor Rodolfo Dávalos ha dicho: "No quedaba nada de la ‘presunción de inocencia’ cuando encadenados como esclavos, pero más libres de conciencia que sus juzgadores, se pusieron de pie e irguieron su frente ...para recibir de aquel jurado temeroso y amañado, el injusto e ilegal veredicto de culpabilidad. Antes de ese veredicto eran inocentes, jurídicamente hablando, y como tal debieron ser tratados. Después lo siguen siendo, porque un fallo injusto no torna en crimen la inocencia".