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NATIONAL COMMITTEE TO FREE THE CUBAN FIVE
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Human Rights Report and the Cuban Five
by Arnold August On February 25, 2009 the U.S. State Department issued its annual Human Rights Report. The report covers every country in the world except one: the U.S.A. However, this self-exclusion is the official policy and even explicitly extends itself to U.S. activity abroad such as in Iraq and Afghanistan. Appendix A to the Report indicates:
This self-exclusion is a natural reflex because if the principles that the U.S. State Department apply to others were to be considered pertinent in the U.S. itself, than the worst human rights violators would be the U.S. government. It would be on top of the list. In this same explanatory Appendix A it is written: “Most governments and opposition groups deny that they commit human rights abuses and sometimes go to great lengths to conceal any evidence of such acts.” The Human Rights Report is very lengthy, hundreds and hundreds of pages covering every single country in the world, except the U.S. One can say that this is going “to great lengths to conceal any evidence of such acts.” The Appendix then goes on to explain fourteen different criteria employed in assessing human rights on the entire planet except the U.S. One of the fourteen is: “Denial of Fair Public Trial – Describes the court system and evaluates whether there is an independent judiciary and whether trials are both fair and public.” This, however, is one example of how — in the U.S. — the violation of the human rights of the Cuban Five took place and is still going on. Over ten years ago, Cuban citizens René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González and Gerardo Hernandéz had infiltrated known terrorist groups in southern Florida in order to eventually collaborate with the U.S. security forces in putting a halt to these activities against Cuba. Instead of arresting the terrorists based on the massive and irrefutable evidence presented by the Cuban authorities to their U.S. counter-parts, the U.S security arrested the five Cuban citizens. Right from the beginning their human rights were violated. Contrary to one of the criteria listed by the State Department, the Cuban citizens were not allowed to have a fair trial. The judiciary, far from being independent, followed political orders and refused the very normal legal request by the Cuban Five attorneys to have the trial moved outside of Miami, a hot-bed of anti-Cuban sentiment fomented by the U.S.-funded organizations linked to the pre-1959 Batista regime. Another norm elucidated in the Appendix is: “Arbitray Interference with Privacy, Family, Home or Correspondence.” In addition to refusing a fait trial, the U.S. authorities — not the “independent judiciary” — have continuously interfered with the rights of the family members of the Cuban Five to visit their loved ones. This is done by arbitrarily either putting one obstacle after another in the family members’ path, or completely disallowing two wives, Adriana Perez and Olga Salanueva, to visit their respective husbands in prison for this whole period since their arrest over ten years ago. This violation of human rights, known as double punishment, has been denounced by U.S., United Nations and International human rights organizations as a violation of the U.S. Constitution and the U.S. prison regulations as well as international law. As we head next year into the second decade of the Twenty-First Century, many changes are taking place around the world, which (whether the U.S. State Department likes it or not), include the U.S. itself. Every effort should be made to further spread the word about these human rights violations against the Cuban Five in the U.S. and demand their immediate release or a “fair trial”, to use the words of the U.S. State Department Report. In the interim, full and unhindered family visitation rights must be granted in opposition to the violation of another norm, “arbitrary interference with privacy, family, home or correspondence.” Arnold August, Montreal, is a member of the International Committee for the Freedom of the Cuban Five and the Comité Fabio Di Celmo pour les 5 of the Table de Concertation de Solidarité Québec-Cuba. |
Informe de EE.UU. sobre Derechos Humanos y los Cinco Cubanos
por Arnold August El 25 de febrero del 2009, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó su informe anual sobre derechos humanos. El informe anual incluye cada país del mundo, excepto uno: los Estados Unidos de América. Esta autoexclusión es la política oficial que se extiende explícitamente a la propia actividad exterior de los EE.UU en Irak y Afganistán. El Apéndice A del reporte indica: “El informe del país incluye el respeto de los derechos humanos en países extranjeros y territorios de todo el mundo y no pretende evaluar ninguna de las implicaciones de las acciones de derechos humanos realizadas por los Estados Unidos de América o por sus representantes, ni tampoco considera las implicaciones de las acciones de los derechos humanos del gobierno de los Estados Unidos de América o de las fuerzas de coalición en Irak y en Afganistán.” La autoexclusión es un reflejo natural, ya que si los principios que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América aplica a otros países fueran considerados pertinentes en los propios Estados Unidos, entonces el peor violador de los derechos humanos sería el gobierno de los Estados Unidos. Este gobierno sería el primero de la lista. En este mismo Apéndice A explicatorio está escrito: “La mayoría de los gobiernos y de los grupos de oposición niegan que ellos cometen abusos de los derechos humanos y que algunas veces van en gran medida a ocultar cualquier evidencia de tales actos.” El informe sobre derechos humanos es muy extenso; cientos de cientos de páginas incluyen cada país del mundo, excepto los EE.UU. Uno puede decir que esto va “en gran medida a ocultar cualquier evidencia de tales actos.” El apéndice explica los catorce criterios diferentes empleados para evaluar los derechos humanos en todo el globo terráqueo, excepto en los EE.UU. Uno de los catorce criterios plantea: “la falta del debido proceso” – Describe el sistema judicial y evalúa si hay independencia judicial y si los juicios son tanto justos como públicos.” Esto, no obstante, es un ejemplo de como – en los Estados Unidos de América – la violación de los derechos humanos de los Cinco Cubanos tuvo lugar y como aún está sucediendo. Aproximadamente 10 años atrás, los ciudadanos cubanos René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y Gerardo Hernández se infiltraron en conocidos grupos terroristas del sur de la Florida con el objetivo de colaborar eventualmente con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de América para poner un freno a estas actividades en contra de Cuba. En vez de arrestar a los terroristas, fundamentados en sólidas e irrefutables evidencias presentadas por las autoridades cubanas a su contraparte norteamericana, la seguridad estadounidense arrestó a los cinco ciudadanos cubanos. Justamente desde el comienzo, sus derechos humanos fueron violados. En contraposición a uno de los criterios listados por el Departamento de Estado, a los ciudadanos cubanos no les fue permitido tener un juicio justo. El sistema judicial, lejos de ser independiente, siguió órdenes políticas y rechazó la solicitud legal de los abogados de los Cinco Cubanos para llevar el juicio fuera de Miami, el cual es un hervidero de sentimiento anticubano fomentado por organizaciones financiadas por los Estados Unidos de América conectadas al régimen batistiano precedente al año 1959. Otra norma clara en el apéndice es “La interferencia arbitraria a la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia.” Además de rechazar un juicio justo, las autoridades norteamericanas — no el “sistema jurídico independiente” — han interferido constantemente en los derechos de los miembros de las familias de los Cinco Cubanos de visitar a sus seres queridos. Esto se ha realizado arbitrariamente tanto poniendo un obstáculo tras otro a los miembros de la familias o no permitiéndole en lo absoluto a dos de las esposas, Adriana Pérez y Olga Salanueva visitar a sus respectivos esposos en prisión por todo este período desde su arresto que ya lleva 10 años. Esta violación de los derechos humanos, conocida como doble castigo, ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos y organizaciones internacionales y por las Naciones Unidas como una violación de la Constitución de los Estados Unidos de América, de las regulaciones de las prisiones estadounidenses así como de la ley internacional. Mientras nos acercamos a la segunda década del Siglo XXI, están sucediendo muchos cambios alrededor del mundo (le guste o no al Departamento de Estado de EE.UU) incluso en los propios Estados Unidos. Todos los esfuerzos deben ser puestos para que se conozcan las violaciones a los derechos humanos contra los Cinco Cubanos en los EE.UU y demandar la inmediata libertad o un “juicio justo”, utilizando las mismas palabras del informe del Departamento de Estado. Mientras tanto, el derecho a las visitas familiares debe ser concedido sin ningún obstáculo, en oposición a la violación de otra norma “interferencia arbitraria de la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia” Arnold August vive en Montreal y es miembro del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Cubanos y del Comité Fabio Di Celmo pour les 5 de la Table de Concertation de Solidarité Québec-Cuba (Comité Fabio Di Celmo por los Cinco de la Mesa de Concertación de la Solidaridad Québec-Cuba).
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