Gerardo Hernández Nordelo, one of the Cuban Five incarcerated in the United States, has submitted a request for habeas corpus relief on the basis of new evidence.

The case of Gerardo, sentenced to two life terms plus 15 years, is highly significant in demonstrating that a number of U.S. administrations are not prepared to review the trial proceedings, however much evidence emerges of illegal methods utilized to condemn the detainees.

Klugh

Richard Klugh, a member of the Five’s defense team, has exposed the fact that the U.S. government is still refusing to present documented evidence asked for in order to clarify exactly what happened concerning the downing of two light aircraft on February 24, 1996. Access to material compiled by investigators at the International Civil Aviation Organization (ICAO) was not allowed to be presented before the Miami District Court 15 years ago, and the new demand from Gerardo’s defense attorney has also been refused.

This position of refusing to allow anyone else to see evidence only known to Washington which, in its submission of 123 pages and three appendices against Gerardo, barely mentions the issue in a twisted five-line paragraph, is highly suspicious.

Ricardo Alarcón, who was Cuba’s representative to the ICAO in 1996, noted that no U.S. court had jurisdiction over the February 24 incident, or only in the event of it having taken place in international airspace. The ICAO investigation revealed a surprising fact. Despite prior warnings by the Cuban government, U.S. radar stations either did not record the incident, or presented contradictory information, or destroyed that information. The only "evidence" supplied by U.S. authorities is the testimony of the captain of an aircraft operating (by chance?) out of Miami and, according to new details, the owners of the aircraft were financial contributors to the Cuban-American National Foundation (CANF).

Hence the interest in the satellite footage, first on the part of the ICAO and subsequently on the part of Gerardo’s defense. The U.S. government has never denied the existence of those images, it admitted having them, but nobody else has been allowed to see them for the past 15 years.

Why is the U.S. government refusing to hand over this satellite footage? Why the U.S. media silence about such a scandalous event?

Gerardo Hernández Nordelo, uno de los Cinco cubanos presos en Estados Unidos, presentó su solicitud de Habeas corpus sobre la base de nuevas evidencias.

El caso de Gerardo, condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión, es altamente significativo del empeño de los distintos Gobiernos norteamericanos en demostrar que no están dispuestos a revisar lo ya juzgado, por más que surjan múltiples evidencias de que se ha apelado a métodos ilegales para condenar a los detenidos.

Richard Klugh, miembro del equipo de defensa de los Cinco, ha denunciado que el Gobierno norteamericano todavía se resiste a presentar la evidencia documental que se le reclama, donde puede conocerse claramente lo que pasó exactamente con las avionetas derribadas el 24 de febrero de 1996, e impide una vía hacia una defensa correcta de Gerardo.

También en una reciente conferencia, Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional, explicó que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido invisibles las imágenes de satélite que celosamente guarda sobre el incidente del 24 de febrero de 1996. No permitió que las vieran hace 15 años los investigadores de la Organización de Aviación Civil Internacional, se negó a presentarlas al Tribunal de Miami y ahora reitera su negativa ante la demanda de la defensa de Gerardo.

Tan obvia y sospechosa es su actitud de impedir que otros vean las pruebas que solo conoce Washington que, en su dilatado alegato de 123 páginas y tres anexos contra Gerardo, apenas aluden al asunto en un torcido párrafo de cinco líneas.

Alarcón, que fue el representante de Cuba ante aquella reunión de la OACI en 1996, recordó que ningún tribunal de Estados Unidos tenía jurisdicción sobre el incidente del 24 de febrero de aquel año, salvo que hubiese ocurrido en el espacio internacional. La investigación realizada por la OACI reveló algo sorprendente. Pese a estar advertidas de antemano por su Gobierno, las estaciones de radar norteamericanas, o no registraron el suceso u ofrecieron datos contradictorios o destruyeron esos datos. La única "prueba" suministrada por las autoridades estadounidenses es el testimonio del capitán de un navío que opera, ¿casualmente?, desde Miami y, según nuevos datos, los dueños estuvieron vinculados como contribuyentes financieros a la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA).

De ahí el interés, primero de la OACI y luego de la defensa de Gerardo por las imágenes satelitales. El Gobierno norteamericano nunca negó la existencia de esas imágenes, admitió tenerlas, pero lleva quince años prohibiendo que alguien más pueda verlas.

¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos se niega a entregar esas imágenes satelitales? ¿Por qué los medios de comunicación norteamericanos hacen silencio ante un hecho tan escandaloso?